La urgente digitalización de las Pymes.

Sociedad, empresas e instituciones se encuentran ante un proceso continuo de innovación tecnológica que presencian desde hace muchos años atrás, y en el que continúan inmersos en la actualidad.

Ahora también, la digitalización está siendo asumida por gran parte de las pymes, el principal músculo productivo en España.

España es un país de pymes y micropymes, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, en el que el 83% de las 3,2 millones de empresas de España tiene dos o menos asalariados. Por su parte, la Dirección General de la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa señala que el 95,8% de las empresas tienen nueve o menos empleados, frente al 92,4% del conjunto de la Unión Europea.

En consecuencia, al afrontar el reto de la digitalización, en el que todos los países se juegan gran parte de su futuro económico y laboral, el énfasis debería estar sobre estas empresas, que no tienen ni el músculo financiero ni los recursos humanos para desarrollar grandes cambios. ¿Cómo solucionar este problema?

Gran parte del debate celebrado en la Fundación Ramón Areces, giró en torno a esta pregunta. Porque, dada la velocidad de los cambios que están provocando tecnologías como blockchain, el internet de las cosas, las impresoras 3D, “no estamos preparados para dar las respuestas correctas para todo lo que está sucediendo; es más bien el momento de plantearnos las preguntas más pertinentes”, en palabras de Carsten Sorensen, profesor asociado de Sistemas de Información e Innovación de la London School of Economics.

La llegada de la pandemia provocada por el Coronavirus está provocando que las pymes hayan tomado conciencia de la digitalización como un factor clave dentro de su empresa para poder sobrevivir en el nuevo paradigma laboral y económico. El escenario actual ha obligado a pequeñas y medianas organizaciones a dar un giro en su estrategia y actualizarse en todas sus áreas y niveles para poder seguir adelante.

Pero vayamos a cómo pueden acceder las Pymes a estos niveles de implantación tan necesarios y rigurosos. Por un lado, existen ayudas para proyectos de cooperación empresarial para implantar soluciones innovadoras que apliquen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la mejora de la competitividad relacionada con la llamada Industria 4.0 Estas iniciativas deberán estar relacionadas con la mejora de la gestión empresarial en el ámbito de la movilidad; o ser proyectos ciberfísicos aplicados a los diferentes ámbitos de la fabricación avanzada 4.0, ciberseguridad y comunicaciones, cloud computing, big data y analítica avanzada, robótica, realidad virtual, visión artificial, etc.

Por otro, ayudas para iniciativas de implantación de comercio electrónico y la adopción de soluciones empresariales en la nube en los diferentes ámbitos de gestión de una pyme. Los proyectos de comercio de electrónico deberán desarrollarse sobre sistemas estándar y estar adaptados para dispositivos móviles.

“La digitalización no es algo opcional, es una obligación”, comentó Alejandro Tosina, director de Economía Digital en Red.es, organismo público dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital. Tosina recalcó un estudio de la Comisión Europea que afirma que las pymes digitalizadas aumentan su producción un 10% y lamentó el reducido tamaño de gran parte de las empresas españolas.

José Luis Zimmermann, director general de Adigital, incidió en la misma idea con una curiosa metáfora: “España tiene grandes infraestructuras tecnológicas, pero no tiene grandes empresas en el sector. Es como si una ciudad tuviese un estadio de fútbol gigantesco en el que jugasen equipos muy pequeñitos”.

Captar talento es clave, pero no es la única clave. “En su transformación digital toda empresa debe tener en cuenta cuatro ámbitos: el talento, la innovación, la financiación y la regulación. Y para nosotros el más importante de estos ámbitos es la regulación”, dijo Zimmermann. “Sin una legislación que entienda las nuevas realidades, una ‘smart regulation’, Europa no tiene nada que hacer”.

El concepto de digitalización no es sinónimo de deshumanizar. Herramientas digitales que desempeñan estas funciones acompañan a los trabajadores para que ellos puedan centrarse en otras cuestiones. Supone una mayor productividad ya que el músculo trabajador que se encargaba de ello con anterioridad, puede centrarse en desempeñar funciones que vayan íntimamente relacionadas con el trabajo de la compañía, lo que va ligado directamente con un aumento en su producción y, por ende, en su facturación.

Ese interés general, entendido desde un ámbito laboral y económico, es el que debería impulsar esfuerzos públicos y privados para digitalizar la economía española, un objetivo casi coincidente con digitalizar las pymes españolas.

La Comisión Europea calcula que hasta finales de 2020, hay una bolsa de cerca de un millón de puestos de trabajo relacionados con las TIC que la Unión necesita cubrir. Son los empleos que creará la digitalización, que también destruirá otros. Las pymes aún están a tiempo de decidir en qué lado de la balanza están.

Aspectos legales a considerar al contratar servicios en la nube

Actualmente, la mayoría de empresas, administraciones utilizan servicios en la nube.

Estos servicios normalmente consisten en un software sin cliente o aplicación instalada en el dispositivo del usuario, junto con almacenamiento y tratamiento de datos online.

Hay servicios en la nube que sí ofrecen la posibilidad de instalar un software en nuestro equipo, pero en todo caso la nota común es que los datos se almacena en ordenadores y servidores externos, ajenos al propietario de la información. Hasta no hace mucho, había que contar con servidores propios para ejecutar los programas y almacenar la información, con el consiguiente gasto en licencias y equipos.

La decisión de contratar esta tipología de servicios, normalmente, lleva aparejada cierta desconfianza sobre la seguridad de los datos y sobre las implicaciones legales que trae consigo la contratación de esta innovadora forma de almacenamiento de datos. Hay varios aspectos legales a tener en consideración en materia de seguridad en cuanto a computación en la nube se refiere:

  • La necesaria y comprometida aplicación de los datos personales. La normativa aplicable: LOPD y Reglamento de la LOPD.
  • La Ley de Servicios de la Sociedad de Información.
  • La delicada contratación de servicios en la nube.

El cloud computing y la nube nos envuelven a pesar de que intentemos resistirnos. Con el mínimo despiste, nuestros datos personales navegan por la red o redes sociales a merced de las empresas y otros usuarios que puedan consultarlos. Está en nuestra mano conocer la ley para que esto no ocurra y en caso de hacerlo saber a qué deberíamos acogernos. Toda empresa necesita proteger la confidencialidad y seguridad de sus propios datos y de su propia información. Para ello es preciso que el prestador de servicios considere los siguientes aspectos legales:

  • Ofrezca información detallada sobre las medidas que vayan a garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.
  • Garantice la conservación de los datos, mediante la realización de copias de seguridad periódicas y dotando a su infraestructura de los mayores niveles de seguridad física y lógica.
  • Establezca mecanismos seguros de autenticación para el acceso a la información tanto por parte de las personas autorizadas de la empresa como de los clientes.
  • Estipular el procedimiento de recuperación y migración de los datos a la terminación de la relación entre la empresa y el proveedor.
  • Evidentemente todos estos aspectos técnicos deben de trasladarse a un contrato de servicios entre la empresa y su proveedor que recoja estos aspectos legales mediante las garantías jurídicas necesarias en caso de incumplimiento por parte del proveedor, con la finalidad última de que la empresa no sufra perjuicio alguno.

Es preciso que los datos de carácter personal que sean objeto de tratamiento en la empresa se guarden en un lugar que cuente con las medidas de seguridad exigidas por la normativa española de protección de datos y todos los aspectos legales relacionados. Pero como estos datos se sitúan en un servidor cuya ubicación física desconoce el responsable, hay tres aspectos esenciales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir contratar servicios de Cloud Computing:

  • La empresa es el responsable del tratamiento de los datos y del cumplimiento de los aspectos legales de la normativa aplicable.
  • El prestador de servicios de Cloud Computing tendrá la naturaleza de encargado del tratamiento. Trata datos personales por cuenta del responsable.
  • Depende del lugar físico donde se ubique el servidor, puesto que lo que tenemos que lograr es que la normativa aplicable de los aspectos legales relacionados, sea la española y/o europea. Para ello, mientras el servidor contratado se encuentre ubicado en España u otro país comunitario, no hay problema. Pero cuando el servidor no tenga esta nacionalidad, debemos recurrir a cláusulas específicas que concluyan la remisión a la legislación nacional o, al menos, de un estado miembro de la Unión Europea.

¿Cuál es la solución? Que el cliente responsable del tratamiento, cuando contrate servicios de Cloud Computing, se asegure de que el prestador de servicios cumpla con todos los aspectos legales de la normativa española de protección de datos personales y su reglamento de desarrollo. Por tanto, es preciso blindar los contratos con cláusulas que garanticen la protección de los interesados antes señaladas.

En cualquier caso, dada la pertenencia de España a la Unión Europea, estas adaptaciones deben hacerse dentro del marco de la Directiva comunitaria sobre protección de datos RGPD, en la que se recogen todos los aspectos legales de obligado cumplimiento en materia de seguridad de la información.

La economía digital ya representa un 19% del PIB en España

El tamaño de la economía digital en España se aproximó al 19% del PIB en 2019, situando a nuestro país por encima de la mayoría de los países del mundo, pero lejos de líderes digitales como Estados Unidos o China.


 Es la principal conclusión del informe Economía Digital en España, presentado hoy por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Boston Consulting Group.


El documento, que propone una definición de economía digital y establece una metodología para su cálculo, revela el rol cada vez más determinante que la transformación digital está jugando en la economía española y prevé una aceleración de ese proceso como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19 (a la luz de fenómenos como el aumento en la penetración del ecommerce o el afianzamiento del teletrabajo). De ahí la importancia de acotarla y medirla como indicador de prosperidad en España.
 
El informe distingue entre impacto directo, indirecto e inducido de la economía digital sobre el conjunto de la economía española, deteniéndose especialmente en el primero (el impacto directo) que se aproxima ya al 9% del PIB nacional. Este resultado sitúa a la economía digital como segundo sector más relevante en la economía española, sólo superado por el inmobiliario (12,3%), y por encima de sectores principales como el alojamiento y la restauración (6,2%) o el comercio minorista (6%).
 
A este respecto, Pablo Claver, Managing Director and Partner de BCG y líder de la práctica de organización y personas, resalta que “la novedad del informe radica en combinar un enfoque macroeconómico tradicional para la medición de la economía digital con el análisis detallado de numerosos casos de uso digitales; esta aproximación nos permite cuantificar, de manera sistemática y consistente, el tamaño de la economía digital en España a lo largo de las cadenas de valor de los diferentes sectores”.
 
“El estudio revela que hay sectores líderes que han adoptado la componente digital como parte de su cultura y que agrupan el 33% de la economía digital a pesar de suponer sólo un 3,6% del PIB. Por otro lado, hoy en día hay sectores que están menos digitalizados y que están acelerando su transformación y esperamos que contribuyan de forma muy importante en los próximos años. Gracias a esta aceleración esperamos que la inversión digital del sector privado crezca un 6-7% anual hasta 2025”, indica Claver.
 
“La digitalización es un potente motor de crecimiento económico (en términos de PIB, competitividad y creación de empleo) y, por eso mismo, también de progreso y bienestar social, y los últimos meses nos han servido para comprobarlo. Por eso, tenemos que hacer una apuesta firme por la tecnología, la innovación y la ciencia como país, con la intervención de todos los agentes implicados, públicos y privados, y la propia ciudadanía, y visión a largo plazo”, añade Carina Szpilka, presidenta de Adigital.
 
En este sentido, el informe Economía Digital en España incluye, además, una serie recomendaciones para una Agenda Digital para España. Doce propuestas en total (detalladas a continuación) agrupadas en cuatro grandes bloques o palancas para la digitalización: Infraestructura y conectividad, Capacidades digitales, Seguridad, regulación y fiscalidad, y Emprendimiento e innovación. 
 
Infraestructura y conectividad:

  • Asegurar una red sólida de infraestructuras: incluyendo el despliegue 5G y una correcta disponibilidad de espectro
  • Desarrollar un entorno que favorezca y promueva el desarrollo y uso de tecnologías habilitadoras: complementando con herramientas de capacidad de computación (cloud e Inteligencia Artificial) la conectividad del territorio
  • Promover una Administración digital e inteligente: evolucionar hacia una Administración 100% digital, impulsar el uso de Big Data y aprovechar la capacidad de contratación de la Administración para digitalizar la economía. 

Capacidades digitales:

  • Implantar un plan de educación digital: desde educación infantil hasta las titulaciones universitarias, incluyendo la formación profesional
  • Apoyar un plan de formación digital y tecnológica de los trabajadores y autónomos: aprovechando la inclusión de la digitalización como palanca en el Fondo de Recuperación
  • Impulsar un mercado de trabajo de calidad e innovador: incluyendo la creación de una Mesa para el Futuro del Trabajo y la mejora de la protección del autónomo
  • Promover un plan de digitalización de las pymes: basado en la capacitación, la simplificación de barreras regulatorias, administrativas y de comercio transfronterizo y la mejora de la colaboración público-privada. 

Seguridad, regulación y fiscalidad:

  • Garantizar un entorno de confianza, transparencia y seguridad para la economía del dato: con foco en la protección de datos, la transparencia y la ciberseguridad
  • Establecer un marco regulatorio inteligente y armonizado: impulsando una regulación transversal, tecnológicamente neutral y válido para el futuro a través de un verdadero Mercado Único Digital en la UE
  • Favorecer una gobernanza de la nueva economía: involucrando a actores destacados (p. ej. plataformas y pymes), Administraciones Públicas, actores económicos y usuarios
  • Adoptar una fiscalidad adaptada al siglo XXI: adaptar el marco tributario a la realidad de la economía digital bajo el consenso internacional para impulsar la competitividad empresarial en el mercado global. 

Emprendimiento e innovación:

  • Facilitar una nación emprendedora e innovadora, capacitada para el crecimiento: promover las condiciones necesarias para que los actores clave (startups, corporaciones e inversores) se conozcan, interactúen y generen oportunidades. 
  • El informe revela que la aplicación de este conjunto de recomendaciones, que no pretenden ser exhaustivas, permitiría cerrar la brecha digital de España con respecto a los líderes europeos que ha puesto de manifiesto la última publicación del DESI de 2020 (posición 11 en Europa). España se podría acercar a países como Finlandia, Suecia y Dinamarca (primeras tres posiciones en el DESI 2020, respectivamente), especialmente en los ámbitos de conectividad y de capital humano. Por otro lado, apunta el documento, seguir las recomendaciones nos permitiría también tener posiciones líderes en ciberseguridad y en I+D+i como sucede con Reino Unido (que ocupa la primera posición en el Índice Global de Ciberseguridad de 2018 y se caracteriza por una alta inversión público-privada en I+D+i).

Para Adigital y BCG, es el momento apropiado para tomar decisiones de calado que aprovechen todo el potencial de la economía digital y eviten que España se quede atrás en esta carrera tecnológica tan ligada a la prosperidad de un país y a su relevancia geopolítica.

FUENTE: tecnonews.info

Las Pymes, el eslabón más débil en seguridad de la información

La mayoría de los ciberataques a empresas españolas se centran en las pymes. Solo un 37% cuenta con la infraestructura de seguridad adecuada. Las organizaciones y empresas están siendo amenazadas constantemente por ataques informáticos.

La falsa creencia entre las compañías de que estos ataques son muy sofisticados y están orientados a grandes multinacionales es un gran error de partida. Según un informe de Kaspersky Lab en colaboración con B2B International, sólo el 19% de las empresas con menos de 25 empleados sitúa a la estrategia TI en su top de preocupaciones, una tasa prácticamente igual, con el 21%, a la de los negocios de entre 26 y 99 empleados. Por su parte, en empresas con 100 o más trabajadores esta cifra asciende hasta el 30% o más, con el 35% de las empresas situando la estrategia TI como una de sus dos principales prioridades. Una cantidad que todavía se antoja insuficiente.

Según un estudio de la organización Anti-Phishing Working Group (APWG), durante la última parte del año pasado, se detectaron cerca de 255.000 nuevas amenazas cada día. El sector del retail y servicios fue el más castigado, al sufrir el 32% de los ataques, seguido de los servicios de pago con un 29% y de los servicios financieros con un 25 %.

Los motivos y métodos a emplear son muy diversos. Se han producido ataques de robo de información mediante phising, XSS, SQL Inyection, etc. para posteriormente subastar o vender esta información al mejor postor, sin olvidar los ataques puramente vandálicos (DoS, defacement, virus, etc.).

Otro factor por el que las pymes están en el punto de mira de los ciberdelincuentes es porque, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en 2019 había en España 3.363.197 empresas, de las cuales el 99,88% eran pymes entre 0 y 249 empleados. Es decir, lo que en seguridad informática se conoce como la superficie de ataque y ésta es muy amplia.

Un atacante tendrá en su balanza un 0,12 % de grandes empresas, con buenas medidas de seguridad a las que atacar, pudiendo conseguir grandes beneficios, o bien un 99,88% con malas medidas de seguridad a las que robar poco, pero que en conjunto puede suponer un beneficio mucho mayor. De ahí que la mayoría de los atacantes se inclinen por el objetivo más fácil, las pymes.

De hecho, según un reporte de Panda Security, del total de empresas en el mundo, un 47% de los ataques se concentran en las pymes. Después de enfrentar estos ataques, sólo un 40% de éstas se recupera.

Eduardo Román, director de productos y soluciones móviles de Samsung indica que “los dispositivos móviles son una puerta de entrada a los ataques cibernéticos, ya que aunque un 99% de ellos son dirigidos a grandes plataformas y sólo un 1% del riesgo está en los dispositivos móviles, esa pequeña ventana puede significar un 99% de problemas para la organización, porque puede afectar todos los sistemas conectados en línea”.

Entre los consejos que dan los expertos, en primer lugar se debe contar con servidores y soluciones antispam para evitar virus en los correos electrónicos. Asimismo, sostienen que utilizar versiones antiguas de software presenta un riesgo, por lo que es importante realizar actualizaciones de manera continua y siempre que lo aconseje el fabricante.

Los sectores más atacados durante el pasado año fueron el de la Administración Pública, energía, investigación, industria, salud, construcción, telecomunicaciones, informática, militar, espacial, finanzas y medios de comunicación. Y en gran parte de los casos las víctimas comparten un mismo denominador común: los delitos se podrían haber evitado.

Las circunstancias excepcionales que estamos viviendo desde mediados de marzo de 2020 han producido cambios radicales en el segmento de las pymes. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado: la amenaza de las organizaciones criminales que operan en Internet y que han visto la crisis como una oportunidad. Han vislumbrado esa mayor dependencia de la Red y han evaluado cuáles son las tendencias que dirigen ese mayor tráfico, para adaptar sus prácticas y obtener mayores beneficios. A partir de estas consideraciones, podemos determinar que las principales amenazas que afectaron a las pequeñas y medianas empresas en España desde comienzos de marzo son las siguientes:

  1. Campañas de phishing relacionadas con el coronavirus.
  2. Virus informáticos.

Por último, es necesario advertir que es importante educar a los colaboradores de las pymes a utilizar correctamente sus equipos personales, ya que gran parte de ellos los utiliza para trabajar, convirtiéndose “en eslabón más débil de la cadena”, aclaran los especialistas.

Estado actual de la implantación de la administración electrónica.

Cuando uno trabaja en las trincheras, cubierto de barro, conoce datos y sobre todo situaciones que no aparecen en las grandes estadísticas y ránquines europeos. Cuando uno está en contacto con la gente que pelea todos los días para tratar de mejorar los procesos administrativos en los varios miles de entidades públicas españolas, conoce de primera mano la realidad. ¿Cuál es el estado real del interminable proceso de implantación de la administración electrónica en España?

La respuesta la encontramos en la misma realidad. A continuación tan sólo compartiré algunas de las anécdotas acaecidas en los tiempos. Personalmente llevo tratando muy directamente con las AAPP unos 30 años, año arriba, año abajo.

1.- En un cuso que impartí sobre la factura electrónica, una funcionaria de una entidad que por supuesto no voy a revelar, me pregunta en qué ha podido ser beneficiosa la factura electrónica si luego es necesario imprimirla igualmente y pasarla por triplicado para que tres altos cargos la firmen a bolígrafo. Le contesté, disimulando mi asombro, que no sólo no es necesario hacer eso sino que en modo alguno debemos hacer una cosa así. Siguió avanzando la clase y más adelante me pidió que le explicara la razón por la que se debía compulsar un documento digitalizado. Le dije que la digitalización era una copia auténtica, y que compulsar un documento electrónico era una redundancia absurda tan innecesaria como incorrecta desde cualquier punto de vista. También le dije que la compulsa tradicional, consistente en un cotejo visual y en el estampado de un matasellos de tinta. Tras esta segunda pregunta fui yo quien le pregunté a ella por qué hacían todas estas cosas. Me dijo, bastante apurada, que no sabía por qué, y que precisamente por eso me lo había preguntado a mi. A esto le contesté que yo tampoco lo sabía, pero que sí le podía decir, con total certeza, que todos esos trámites duplicados son incorrectos, totalmente innecesarios y carecen por completo de base legal, por lo que sería una buena idea que su organización se replanteara si tiene algún sentido mantenerlos.

2.- Cuesta mucho eliminar documentos cuya presencia en el expediente parece que nos hace sentir mejor. A raíz de esta anomalía, me pregunto cómo es posible que diga que no es necesario exigir esos documentos a los interesados. Como por ejemplo el Certificado de cuenta bancaria. El clásico alta de terceros, respecto del cual usted nunca convencerá a un tesorero que no es necesario. Y por supuesto se entiende que es una carga del ciudadano obtener ese documento del banco y en ningún caso es obligación de la Administración verificar por sus propios medios que ese número de cuenta es real y correcto.

3.- Tablón de edictos electrónico con papel. Seguramente han necesitado ver la foto varias veces para creerlo. Yo quiero pensar que la persona que ha decidido pegar con celo un aviso en papel sobre una pantalla apagada, lo ha hecho con buena intención. Pero cosas como esta producen tristeza, no ya sólo por la horrible imagen que se transmite, sino porque tras un acto así subyacen muchas cosas y ninguna es buena, y porque uno piensa que simplemente evitando estas barbaridades, sin demasiados alardes ni “nteligencias artificiales, la Administración sería un lugar mucho mejor.

4.- Fotocopia compulsada del DNI. Un clásico. No pocas bases de los procesos selectivos actuales siguen exigiendo documentos como la famosa copia, a veces compulsada y a veces  fotocopia a secas, del DNI; o directamente la presentación de todos los documentos de la fase de concurso de méritos en el formato papel original o como copia compulsada. Otras bases impiden expresamente a los aspirantes la posibilidad de presentar su instancia por medios electrónicos.

5.- Pero la travesía en el desierto del papel se encuentra en las licitaciones ´publicas. Teóricamente desde hace un tiempo, todas las licitaciones de cualquier organismo público se publican en el portal de Contratación del Estado y la mayoría de las propuestas deben ser presentadas en formato electrónico mediante certificado digital como es debido. Hasta ahí todo perfecto, ya iba siendo hora. Pero como la empresa que presenta la oferta tenga la suerte de ser adjudicataria del contrato, automáticamente el órgano de contratación realiza un viaje en el tiempo y empieza a solicitar documentación en papel (Escrituras, DNI, NIF, Certificados de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, etc, etc)

Podría decir más, pero estoy convencido de que el mensaje ya ha quedado claro… Mientras tanto, muchas personas siguen sin entender lo que es administración electrónica, limitándose a efectuar un burocrático y descerebrado cambio de formato, muchas veces sin renunciar a la versión en papel de los mismos documentos. Otras personas, que en ocasiones son las mismas, siguen explotando de forma maliciosa los topicazos, unos clichés muy propios de esta era de posverdad, como el supuesto perjuicio a las personas mayores o que esta es una fiesta carísima. Claro, como si no reducir las cargas y los trámites, y no automatizar los procesos, no fuera infinitamente más caro.

Y todo esto ocurre ahora mismo, prácticamente mientras escribo. Y mientras usted lo lee. Y todas las anécdotas han ocurrido, como decíamos, en las últimas semanas. En 2020 en todo caso, ni en 1986, ni 96 ni 2006. Ni siquiera en 2016… 2020…En definitiva esta es la realidad, nos guste o no. Este, queridos lectores, es el estado actual de implantación de la administración electrónica, en España.

La importancia de la regulación de la Administración electrónica introducida por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, radica en el hecho de que supone una herramienta que, por primera vez, ha sentado las bases para que las Administraciones Públicas lleven a cabo su actuación mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática.

No es una tarea sencilla el reto de transformar las Administraciones Públicas a fin de que puedan relacionarse principalmente por medios electrónicos con los ciudadanos, y conseguir así ser más transparentes, y dar mejor respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más exigente.

La principal dificultad a la que se enfrenta la Administración a mi juicio, consiste en la necesidad de acometer los cambios no solo tecnológicos, necesarios en su funcionamiento, para la correcta implantación de la Administración electrónica.