El secreto de las comunicaciones en la empresa.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que no hay ninguna violación de la vida privada de un empleado que fue despedido de SNCF después de que la consulta de su ordenador profesional revelara el almacenamiento de archivos pornográficos y falsos certificados llevados a cabo en beneficio de terceros. La sentencia, de 22 de febrero de 2018, expone que la legislación francesa contiene un principio destinado a la protección del empresario de poder abrir los archivos comerciales, pero no los identificados como personales.

La magistrada, Claudia Westerdiek, entiende que dicha consulta solamente respondió a un propósito legítimo de protección de los derechos del empresario, quien legítimamente puede querer asegurarse de que sus empleados utilicen el equipo informático que pone a su disposición de conformidad con sus obligaciones contractuales y la legislación aplicable.

Los tribunales franceses sostuvieron que este principio no impedía al empresario abrir los archivos en disputa, ya que no habían sido debidamente identificados como privados. Estrasburgo considera que los tribunales nacionales han examinado correctamente el motivo del demandante alegando una violación de su derecho a su vida privada. Con respecto a la aplicabilidad del artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos, el Tribunal admite que “en esas circunstancias, los datos no profesionales, es decir, los claramente identificados como privados y almacenados por el empleado es probable que caiga dentro de su ámbito privado”. Pero matizó que “un empleado no podía usar todo un disco duro donde debe registrar datos comerciales de uso privado y que el término “datos personales” podrían estar relacionados con los registros profesionales procesados por el empleado.

Señala que la empresa tolera que sus agentes lo usen puntualmente como recurso puestos a su disposición mientras se especifican las reglas a seguir. Además, como persona jurídica de derecho público proporciona un servicio público, y goza de una garantía implícita del Estado. Dice el tribunal que “la interferencia estaba destinada a garantizar la protección de los “derechos de los demás”, es decir, los del empresario.

En nuestro país, el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, titulado Dirección y control de la actividad laboral dispone que “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales”. Esta facultad empresarial de control de la actividad laboral, deriva de los derechos constitucionales a la propiedad y a la libertad de empresa, si bien, como también ha señalado la doctrina constitucional, el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empresario no puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador.

El empresario, como titular de los medios de producción, está facultado para decidir el uso que los trabajadores deben hacer de ellos. El problema se plantea, cuando ese control empresarial incide sobre alguno de los derechos fundamentales del trabajador. Y esto es lo que puede suceder cuando lo que el empresario pretende verificar es el uso que se hace de determinados medios tecnológicos por parte de sus trabajadores, como pueden ser las comunicaciones telefónicas o las efectuadas a través del correo electrónico corporativo.

La jurisprudencia ha venido estableciendo la necesidad de ponderar la intimidad del trabajador y la legítima potestad del empresario de ordenar el uso de las herramientas de trabajo y de controlar el cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones.

Por ello en un primer momento se equiparó por analogía el pc del trabajador al régimen de protección establecido para las taquillas por el Estatuto de los Trabajadores. Posteriormente, superando esta analogía, se vino a establecer que el ordenador del trabajo es un espacio en el que concurren el ámbito laboral y el privado y el empresario sólo debe vigilar o controlar lo estrictamente necesario para constatar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones laborales.

La sentencia 241/2012 del Tribunal Constitucional afronta los dos principales problemas que se plantean en estas situaciones: El derecho a la intimidad personal y el derecho al secreto de las comunicaciones.

Respecto de la intimidad personal por un lado, el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto en el ámbito laboral determinando que “la esfera de intimidad personal está en relación con la acotación de la misma que realice su titular“, lo que trasladado al ámbito de las nuevas tecnologías de la información es tanto como decir que el trabajador sólo tendrá intimidad en su ordenador del trabajo cuando haya adoptado prácticas que garanticen dicha privacidad: borrado de cookies,  desactivación del recuerdo de contraseñas, cancelación del historial de navegación, etc.

Nuestra recomendación es definir unas políticas de uso claras por parte de la empresa, informar suficientemente a los trabajadores y extremar la diligencia en los casos de abuso del trabajador para poder contar con argumentos especialmente sólidos en la defensa del interés empresarial.

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