El SEPE convoca subvenciones para la formación de las Pymes.

En una sociedad basada cada vez más en el conocimiento, es necesario invertir en formación y actualizarla conforme a la evolución constante de los requerimientos de un entorno competitivo, tal y como se afirma en la Estrategia de Cualificaciones de la OCDE. Conseguir mejores resultados exige analizar el perfil de competencias de los trabajadores, así como determinar y anticipar las competencias requeridas en el mercado.

En el actual contexto de recuperación económica resulta fundamental dotar al tejido productivo de un sistema de formación profesional que constituya una verdadera herramienta de competitividad para las empresas y de mejora de las oportunidades de los trabajadores de acceso, mantenimiento y retorno al empleo.

Por este motivo, se establece la posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados participen directamente como beneficiarios de las ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficaz, así como que la distribución de recursos públicos resulte más eficiente.

Estos planes de formación se financiarán mediante subvenciones públicas otorgadas en régimen de concurrencia competitiva y se ejecutarán, en el ámbito estatal, por las entidades beneficiarias de las resoluciones de concesión dictadas por el SEPE.

En este contexto, el pasado 29 de julio, a través del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, el Gobierno y los Interlocutores Sociales expresaron su voluntad de transformar el sistema de formación profesional para el empleo sobre la base del diálogo social con tres objetivos estratégicos:

1. Garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables.
2. Contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas.
3. Eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Igualmente el Acuerdo recoge los siguientes principios acordados en la Mesa de Diálogo Social, constituida al efecto, y que deben regir el nuevo modelo:

1. El ejercicio del derecho individual a la formación profesional para el empleo, la garantía y la igualdad en el acceso de los trabajadores y las empresas a una formación vinculada a las necesidades de los mismos.
2. La anticipación a los requerimientos y cambios del modelo productivo, como vía fundamental para reforzar la calidad y eficacia de la formación.
3. La unidad del mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el desarrollo de las acciones formativas.
4. La negociación colectiva y el diálogo social como instrumento de desarrollo del sistema de formación profesional.
5. La calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.
6. La estabilidad, seguridad y certidumbre que permita la planificación estratégica y promueva la inversión en recursos formativos.
7. La articulación del sistema a través de la coordinación y la cooperación que permita flexibilidad y la optimización de los recursos destinados al sistema.
8. El impulso a la formación programada por la empresa para sus propios trabajadores.
9. El refuerzo de los sistemas de información, el seguimiento y control, la evaluación permanente en todas las etapas del proceso formativo, incluida la adecuada medición de su impacto y el compromiso con la mejora continua.
10. Acceso a una financiación suficiente, estable y equitativa, bajo el respeto de la unidad de caja y el carácter finalista de la cuota de formación profesional, que deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación, públicos y privados.

Conforme a estos 10 principios y para dar cumplimiento a los objetivos señalados, el Gobierno y los Interlocutores Sociales se comprometieron a la firma de los V Acuerdos de Formación Profesional para el Empleo y a realizar las modificaciones normativas que permitan la evolución del sistema y su adecuación a las necesidades actuales.

Para ello, y en virtud de los principios y de los objetivos descritos anteriormente y recogidos en el citado Acuerdo, se avanzará en el diseño de un modelo de formación profesional para el empleo de aplicación a toda las Administraciones públicas, que respete el marco competencial y atienda a las necesidades específicas del tejido productivo de cada comunidad autónoma. Un sistema adecuado a las necesidades de las empresas, ajustando las competencias de los trabajadores a las necesidades cambiantes del tejido productivo, impulsando así la competitividad empresarial y mejorando la empleabilidad de los trabajadores.

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La formación continua en las Pymes españolas.

Según un estudio elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Servicios, Oficinas y Despachos (Fenac), «sólo el 8,6% de las pymes de nuestro país acceden al sistema de formación bonificada, lo cual exige tomar medidas para acercar la formación a nuestro tejido productivo». Según apunta Francisco Aranda, vicepresidente de FENAC, «no tiene sentido que el colectivo mayoritario de empresas de nuestro país esté desconectado del principal elemento de competitividad que es la formación».

El motivo principal por el que las pymes españolas no acceden a la formación bonificada está en la falta de recursos materiales y humanos propios de este tipo de compañías. Tampoco favorecen, según el estudio, la complejidad en la gestión, los importes reducidos que reciben las pymes, ni los escasos incentivos existentes para las consultoras. Según Aranda, «nuestra economía debería avanzar aportando productos y servicios de mayor calidad, para lo que resulta fundamental introducir la innovación en todos los procesos, a través de la formación. Ahora que todos los políticos parecen querer apoyar a las pymes, no podemos olvidar que sin facilitarles formación es imposible que avancen y se desarrollen de forma sostenible».

Otro de los obstáculos con el que se encuentran nuestras pymes es el desconocimiento total de la existencia de este fondo o crédito formativo. La formación tiene unos objetivos muy concretos para empresas y trabajadores que es la mejora de la competitividad. La inversión en formación es necesaria para cualquier compañía independientemente de su tamaño y sector, pero en la coyuntura actual, aún más para las pymes.

En cuanto a la falta de conocimiento, es necesario insistir en la difusión de información sobre las posibilidades que ofrece la formación bonificada. Se trata de un tipo formación contratada por las empresas para sus trabajadores a otras empresas especializadas que poseen un convenio de colaboración con la Fundación Tripartita para la Formación. El adjetivo de “bonificada” le viene dado porque el coste de esta formación, aunque es pagado en primera instancia por la empresa que contrata la formación, puede serle devuelto total o parcialmente al canjearse por los importes pagados a la Seguridad Social a través de las nóminas y que conforman el Crédito Formativo.

La formación es el vector clave de la economía del conocimiento, a la cual debemos aspirar para la supervivencia de las empresas en la situación económica vigente. Los trabajadores mejoran su empleabilidad y, por lo tanto, su permanencia en el mercado de trabajo, y las empresas mejoran su competitividad.

La falta de aprovechamiento de estos recursos por parte de las Pymes genera un lastre para las mismas Pymes y para el propio país, que pierde en competitividad y capacidad de innovación. Dos cuestiones que marcan la diferencia en un mundo globalizado y cada vez más complejo y que son claves para salir de la actual crisis económica.

Es responsabilidad de todos acabar, poco a poco, con esta situación; y puesto que la formación es siempre una inversión, el esfuerzo merecerá la pena.

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