Una nueva ley para que los contratos del sector público sean más transparentes.

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La Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado noviembre, introduce importantes novedades regulatorias, que entrarán en vigor a partir de marzo de este año. La contratación del sector público es una actividad relevante para la economía de nuestro país, que representa alrededor de un 13% del PIB. Su adecuada regulación es un mecanismo eficaz y necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y la satisfacción que los ciudadanos reciben de los servicios que prestan las distintas Administraciones.

Los debates de la nueva norma en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, donde han participado activamente todos los grupos parlamentarios, han generado acuerdos en torno a temas que se han identificado como prioritarios. El legislativo ha aprobado un texto que aprovecha el margen de transposición de las Directivas europeas, para ser mucho más ambicioso con cuestiones que preocupan e interesan a los ciudadanos. Durante la tramitación, se han aceptado el 90% de las 1.081 enmiendas presentadas, lo que da idea del nivel de debate y de consenso que ha existido entre todos los grupos políticos.

Las prioridades identificadas y las novedades que incorpora la Ley pueden articularse en torno a tres factores. Un primer conjunto de instrumentos para superar las barreras al acceso a los contratos del sector público, que mejoran la eficiencia y la calidad de las adjudicaciones. Un segundo grupo de iniciativas para hacer más transparentes todas las fases de la contratación del sector público, mejorando su control y supervisión por las partes interesadas en el proceso. Finalmente, la incorporación de nuevos sistemas de gobernanza, como elemento vertebrador, que velarán por la excelencia de las prácticas en el ámbito de los contratos del sector público.

En el primer grupo de novedades, las relativas a facilitar el acceso a los contratos del sector público, y medidas transversales al procedimiento de contratación, reflejan una preocupación por la eficiencia del proceso de adjudicación y en particular por la dificultad de incorporar la valoración de aspectos intangibles, como son la innovación o la calidad. Para dar respuesta a esta cuestión, la Ley establece como criterio de adjudicación la mejor relación entre la calidad y el precio. El legislador ha protegido, en particular, los contratos de servicios y los que tengan por objeto las prestaciones de carácter intelectual; en estos casos, los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las licitaciones propuestas.

Por otra parte, se facilita el acceso a la contratación de servicios vinculados con la sanidad, la educación o los servicios sociales, introduciendo nuevos instrumentos de discriminación positiva. La Ley permite al poder adjudicador reservar algunos contratos de servicios sociales, culturales y de salud para adjudicarlos a determinadas organizaciones del tercer sector; además, establece un porcentaje mínimo de reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción, que se concretará reglamentariamente, y que será de un mínimo de un 7% a partir de 2019.

En materia de acceso a la contratación pública, para promover la participación en las licitaciones de las pequeñas y medianas empresas, se mantienen las novedades de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y se completan con nuevas medidas como la obligación de división de las adjudicaciones en lotes, siempre que la naturaleza del contrato lo permita, y la simplificación de los medios para acreditar la solvencia técnica y financiera, destinada especialmente para los nuevos negocios.

Este interés por incrementar la calidad de las adjudicaciones y por facilitar el acceso a la contratación se completa con otras novedades regulatorias en la Ley, que tienen como finalidad trasladar directamente a los poderes adjudicadores la responsabilidad de implicarse activamente en la mejora de las prácticas de contratación. De esta forma, se obliga a los poderes adjudicadores a garantizar que los contratistas cumplan con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas, y a comprobar el cumplimiento de los plazos de pago de contratistas a subcontratistas, en contratos de obras y servicios con valor estimado superior a 5 millones de euros. Asimismo, la Ley determina la prohibición de contratar con aquellas empresas que no cumplan con los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad, o que no cumplan con la obligación de contar con un plan de igualdad. Además, se habilitan nuevos mecanismos de control, al permitir a las organizaciones sindicales interponer recurso especial cuando pueda deducirse.

Este grupo de medidas incluye otras mejoras en el procedimiento de adjudicación, como la referencia al cumplimiento del período medio de pago por parte de las empresas, que podrá ser requisito adicional en materia de solvencia; y se introducen elementos de disciplina en la ejecución de los contratos, de tal forma que la administración impondrá sanciones cuando se produzcan incumplimientos, irregularidades o retrasos reiterados en el pago de los salarios.

Por último, para proteger la eficiencia de la decisión de adjudicación, la Ley establece un nuevo procedimiento, que faculta a la mesa de contratación a trasladar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con carácter previo a la adjudicación del contrato, una denuncia de indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación que perjudiquen la libre competencia.

Un segundo grupo de medidas de la Ley incorpora nuevos instrumentos para avanzar en la transparencia y en facilitar el acceso a la información en todos los hitos de la ejecución de un contrato. La Ley potencia asimismo la figura del perfil del contratante de los poderes adjudicadores, que se publicará y será accesible a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público. La obligatoriedad de la contratación electrónica, desde la entrada en vigor de la Ley, mejorará el seguimiento de las decisiones del proceso de contratación, y permitirá incorporar toda esta información en el perfil del contratante, instrumento que servirá para agrupar todos los datos relevantes de los poderes adjudicadores.

Se introducen también mejoras en la gestión de la contratación. Se suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, se reducen los límites de los contratos menores y se incrementa su publicidad, y se crea el nuevo procedimiento abreviado simplificado.

Por último, de nada servirían las innovaciones en la regulación de los contratos del sector público, si no se completan con un mecanismo eficaz que garantice su cumplimiento. La nueva Ley incorpora una serie de medidas, denominadas como la “nueva gobernanza” en el ámbito de los contratos del sector público.

Son muchos elementos, en definitiva, los que incorpora la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ahora, lo que todos esperamos es que el consenso alcanzado en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso durante su aprobación, y los nuevos instrumentos de regulación que se han creado, sirvan como garantía del compromiso de los poderes públicos para su rápida y eficaz aplicación en todo el territorio nacional.

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